Los recurso del Estado no son para hacer regalos

Juan Gajardo Quintana
La inversión social se resuelve según su relevancia y viabilidad política, pero también por la convicción de una nación entera en vista a construir su futuro con responsabilidad.
“Hemos hecho un enorme esfuerzo para incrementar los sueldos de los trabajadores x o z en un 0.9%” “Hemos estrujados nuestras posibilidades para responder a las demandas de los pobladores del sector y” , expresiones más o menos como estas se escuchan a menudo cuando los ciudadanos claman o se movilizan con la esperanza que las autoridades establecidas por la soberanía del pueblo (expresión típica de la Ilustración francesa, no del marxismo-leninismo), se dignen allegar los recursos que la gente o la comunidad requiere para determinadas e imperiosas necesidades.
Ese tipo de expresiones sacaban de quicio a un melenudo comentarista de televisión, puesto que el sentía que era demasiada presunción la de los personeros que las pronunciaban, puesto que los bienes que ellos resolvían poner a disposición de los demandantes, no eran precisamente un regalo que graciosamente concedían desde su dadivosa voluntad y generoso bolsillo. Me recuerda a lo acontecido en una sesión del concejo municipal local hace ya tiempo, donde acaloradamente un concejal, refiriéndose al comodato otorgado a una organización de bien público, la Sociedad Protectora de Animales, decía: “Les dimos el terreno (se supone en comodato), luego nos pidieron subvención, se la dimos…, etc.” Señores, los recursos públicos no “se dan”, son administrados por la autoridad establecida con el fin de provocar un efecto beneficioso para la comunidad, de acuerdo al concepto de bien común. Si alguien, en virtud del poder que le concede el ser autoridad, está regalando los recursos del Estado, según la simparía que le producen determinados grupos, por el hecho de tener sintonía con las actividades que ellos realizan (alguna disciplina deportiva, artística o intelectual) o bien por cálculos electorales o cualquier otro motivo, la tal autoridad está cayendo en un vicio deleznable e inaceptable que producirá a la postre daño en el desarrollo social e institucional. Por otra parte, si bien los tales beneficios son o deben ser otorgados según criterios relevantes, suele suceder que sean quitados, y aquí el antónimo de dar está bien empleado, cuando por razones no bien explicadas o no convincentes, tales auxilios son retirados, produciendo un daño a la gestión que se está realizando y privando por ello a la comunidad de los beneficios que de ella de desprenden . Es lo que sucedió con la suspensión de la subvención mensual por parte del municipio a la entidad benefactora ya mencionada.
En otro frente, más sensible aún que el anterior, hemos visto cómo recursos establecidos por ley, simplemente han sido sustraídos de su objetivo final y empozados o derivados a propósitos para los cuales no fueron creados. Efectivamente, por lo menos hasta ahora se conocen tres municipalidades que literalmente han quitado el alimento de la boca de los niños más vulnerables en aras de subsanar sus propias impericias administrativas. No se trata de pan o leche material, aunque eventualmente pueda serlo también, pero constituye el alimento indispensable y urgente que los más desposeídos necesitan: equidad en la educación. Pues bien, los recursos de la cacareada Subvención Especial Preferencial, que a vuelo de pájaro ha sido en general muy mal usada, fueron desnaturalizadas en San Miguel, Pudahuel y San Bernardo, ocupándolos para paliar deudas o sueldos impagos, adquisición de fondos mutuos u otros fines diversos, todo investigado e establecido mediante informes de Contraloría. Cito un párrafo de un comentarista de un medio electrónico:
“Obviamente la duda se siembra sobre todos los municipios. ¿Cuántos municipios pueden demostrar que han gastado correctamente los recursos destinados a los escolares más pobres?, ¿dónde, en qué municipio, no se está hipotecando la calidad de la educación de los más pobres?, ¿cuántos miles de millones han sido mal gastados por alcaldes o corporaciones ignorantes?” (Jaime Retamal, Facultad de Humanidades de la Usach).
Establezcamos de una vez por todas que los cuantiosos recursos públicos, destinados para fines educacionales, sociales, de desarrollo cultural, comunitario, etc., no están para manejo discrecional de quien esté en el aparato estatal, sino para que lo administre con criterio y respaldo técnico, pero asistido por el más alto espíritu de servicio a la comunidad y al país.