La educación pública es una necesidad básica

Juan Gajardo Quintana

Es de dominio público el exceso de profesionales universitarios que ha producido el sistema en el último tempo. Todas las familias quieren tener un universitario ente sus miembros, como símbolo de éxito y progreso social. Por otra parte, quienes diseñan las políticas educacionales, presentan como un gran logro la aparición de estudiantes terciarios de primera generación, es decir, el primero de la familia que accede a la posibilidad de convertirse en profesional de nivel superior. Y, como signo de los tiempos, creándose una necesidad, un deseo o aspiración, surge un mercado, una oferta que con más o menos costos, puede satisfacer ese anhelo tantas veces postergado. El surgimiento de una multiplicidad de universidades e institutos superiores de índole privada, vino a responder esa demanda que atraviesa a todos los segmentos de la sociedad, por muy humilde que sea. Lo interesante es que si agudizamos un poco la percepción, nos daremos cuenta que la oferta fue primero que la demanda. Efectivamente, en la década de los 80, el número de universidades era muy escaso en nuestro país. Estaba la Chile, la Católica, la de Concepción, Federico Santa María, Católica de Valparaíso, Austral, del Norte y Técnica del Estado. Cada una con sus respectivas sedes (de mayor o menor calidad) diseminadas por el territorio nacional. Obviamente, por lo mismo, en proporción a la población estudiantil, la cobertura era menor. De la noche a la mañana, la mayoría de las sedes desaparecieron o se convirtieron en casas de estudios regionales y gracias a la ley promulgada para tal efecto, apareció un número importante de casas de estudios superiores por iniciativa de privados, inversionistas, empresarios y diversos holding dedicados a las más diversas actividades industriales y comerciales. Pues bien, las universidades preexistentes y las que se derivaron de ellas, fueron agrupadas en un aparato denominado Consejo de Rectores y que desembocó en el actual CRUSH, donde prevalece o debiera prevalecer el sentido de servicio público de la educación, pero que curiosamente reúne a los estudiantes mejor posicionados económica y socialmente de Chile. Por su parte, la oferta privada, con toda su carga negativa, como es por ejemplo la baja calidad de la mayoría de ellas, las draconianas condiciones de crédito para acceder a sus claustros, y el estigma del lucro encubierto que practican, curiosamente “acoge” a aquellos jóvenes menos favorecidos desde todo punto de vista. Ese es uno de los puntos que sirven de base a las movilizaciones y exigencias de los estudiantes. Y son precisamente los que podríamos considerar “privilegiados” (por pertenecer a las universidades estatales), quienes llevan la voz cantante en las protestas. Sería más comprensible que los estudiantes de entidades privadas fueran los que se sintieran más perjudicados y movidos a alzar la voz. Pero así están las cosas. La universalidad y sentido público de las universidades estatales se refleja claramente en el accionar de los jóvenes manifestantes. La educación no es solamente aprender a desempeñarse operativamente en una profesión, sino que incluye la noción de ciudadanía, compromiso social y proyecto personal en consonancia con los demás. La universidad pública pone por obra estos principios y fomenta el diálogo, la crítica inteligente, el encuentro y la integración dentro de la diversidad. No se puede decir lo mismo de aquellos proyectos educativos sesgados en lo ideológico, como consecuencia de la identificación con algún credo político, económico-social o religioso. La universidad pública, y más aún, la educación pública, es una necesidad sin la cual una nación crecerá ciega como los topos, deambulando siempre por los mismos túneles y con miedo a la luz del conocimiento, la confrontación y el diálogo. En otras palabras, con temor a encontrarnos con el otro, con nuestros semejantes.